ASISTENCIA
La contención familiar, clave para evitar que los niños estén en la calle Con la sanción de la Ley 26.061 se crearon los consejos provinciales de la niñez, marcando un cambio de paradigma que apuesta al fortalecimiento del grupo familiar.
En la ciudad de Paraná, el promedio de edad de los niños en situación de calle oscila entre los 7 y 11 años. Son chicos que en forma habitual permanecen a la intemperie, procurando una recaudación diaria para llevar a su casa.
A nivel provincial, las urbes más conflictivas son la capital provincial, Concordia y Gualeguaychú, según precisó el Director General del Consejo provincial del niño, el adolescente y la familia (Copnaf), Miguel Fernández, al ser consultado por EL DIARIO.
En este sentido, el funcionario precisó que desde el organismo provincial tienen detectados los puntos donde generalmente están instalados los pequeños que deambulan por las calles, muchos de ellos obligados a trabajar. Los sitios más conflictivos son: la esquina de la iglesia San Miguel, en Buenos Aires y Alameda de la Federación ; Avenida Ramírez y Provincias Unidas; Antonio Crespo en la intersección con Soler y también Laurencena y en gran parte del barrio San Agustín.
“Hay muchos chicos en situación de calle y sobre esto estamos haciendo hincapié desde que iniciamos las tareas”, subrayó. Para ello, el Copnaf dispone de dos vehículos que recorren la ciudad tratando de detectarlos y persuadirlos para que abandonen la tarea.
Los responsables de la labor son los denominados promotores (psicólogos y asistentes sociales) que una vez que los detectan, intentan convencerlos para que regresen a sus casas y si aceptan, los trasladan hasta su domicilio.
“Cuando llegan a las viviendas, los promotores abordan a los padres, que son conscientes de lo que están haciendo sus hijos y muchas veces los obligan a emprender esas tareas”, admitió Fernández. Lo que sigue a la charla es un abordaje de los equipos técnicos, que inician un relevamiento familiar para conocer los motivos por los cuales ese chico esta en situación de calle y a partir de allí, establecer los mecanismos de ayuda para todo el grupo familiar.
En esta instancia, se ahonda en los aspectos económicos del grupo, “y de ser necesario los asistimos con dinero o elementos que requiera” y se profundizan los aspectos relacionados al nivel educativo del pequeño.
“La gran mayoría de los chicos que están en la calle están escolarizados, en un 90%, y esto se debe, en gran medida a la Asignación Universal por Hijo”, observó el entrevistado.
En tanto, los niños que no asisten a clases son rápidamente incorporados al sistema educativo. A partir de un convenio firmado con el Consejo General de Educación, se los envía a la escuela del barrio, donde los incorporan al nivel que les corresponde.
“Cuando llegamos, muchas veces, los padres reaccionan en forma agresiva, pero el interés superior del niño implica que adoptemos medidas y eso es lo que hacemos. Primero intentamos convencerlos de que ese chico no puede seguir en la calle y si necesitan ayuda económica se la brindamos pero a cambio de que no vuelva a la calle y, para eso también trabajamos con los defensores de pobres y menores que intervienen activamente”, agregó Fernández.
En gran medida, los casos son advertidos por vecinos que se comunican con la línea telefónica gratuita 102, disponible las 24 horas de los 365 días del año. Reciben un promedio de ocho llamados diarias y la mayoría son para denunciar la presencia de menores en la calle.
NUEVO PARADIGMA. Los niños en situación de calle son un reflejo de la realidad económica, política y social del país. La principal causa por la que llegan a las calles en lugar de estar en la escuela, en la mayoría de los casos, tiene que ver con las condiciones socioeconómicas, con padres excluidos del mercado laboral que hacen repercutir su carencia en los chicos, el eslabón más débil de la cadena.
Ante este panorama el Estado se ve en la obligación de responder al problema con políticas integrales que fortalezcan los dos espacios de contención por excelencia: la familia y la escuela; y para ello se requiere de la detección de alertas, que eviten que más niños se sumen a la misma situación.
Para revertir este contexto fue clave la sanción, en 2005, de la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que cambió el paradigma con el que se venía abordando la problemática de miles de niños en conflicto social y familia. Con esta norma se plantea un abordaje multidisciplinario, enfocando a la niñez desde la protección y no desde el juzgamiento.
La nueva normativa se gestó para reemplazar a la Ley Nº 10.903 Patronato de Menores; una legislación con la que 17 generaciones de argentinos crecieron bajo la discrecionalidad que consentía una legislación que fomentaba la internación de todos niños que estaban en situación de vulneración de derechos, y quedaban alojados en hogares estatales.
“Los jueces de la jurisdicción criminal y correccional en la Capital de la República y en las provincias o territorios nacionales, ante quienes comparezca un menor de 18 años, acusado de un delito o como víctima de un delito, deberán disponer preventivamente de ese menor si se encuentra material o moralmente abandonado o en peligro moral, entregándolo al Consejo Nacional del Menor o adoptando los otros recaudos legales en vigor”, citaba el artículo 14 de la cuestionada normativa.
En Entre Ríos, se ratificó la legislación con la Ley Nº 9.861 y se constituyó como órgano de ejecución al Consejo del Niño, el Adolescente y la Familia, que funciona desde 2008 como ente autárquico dependiendo del Poder Ejecutivo Provincial.
Tiene como objetivos y ejes estratégicos garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la normativa nacional y provincial. Pero también fortalecer a la familia como el referente social primario para el desarrollo de los planes y programas. En ese sentido, tiene como misión realizar una amplia convocatoria de referentes sociales gubernamentales y no gubernamentales, grupos comunitarios, comprometidos solidariamente con el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.
“La solución la buscamos siempre dentro del grupo familiar, precisamente porque el nuevo prototipo supone que el niño no esté más alojado en residencias, sino amparado en el seno familiar”, ratificó el Director General del Copnaf.
EN LA PRÁCTICA. Una vez que los niños en situación de calle o abandono son detectados se inicia un abordaje integral con todo el grupo familia.
“Hasta última instancia trabajamos para que recuperen y consoliden el vínculo familiar”, subrayó Fernández. No obstante, amplió la referencia indicando que, si fracasan en este primer intento, siguen abriendo caminos con la familia ampliada; es decir, rastrean a tíos o abuelos a los que contactan con el objetivo de reestablecer el vínculo y fortalecerlo a través de los programas que tienen en vigencia.
“Como última instancia, y en forma excepcional, si no hay referentes familiares o los niños no pueden estar con la familia ampliada, los alojamos en nuestras residencias, públicas o privadas, con las que tenemos convenios”, explicó. En la provincia hay alrededor de 23 residencias públicas y otras tantas privadas que son financias por el Copnaf.
La ley marca que para que el niño permanezca hospedado, se deben tomar medidas de protección, que pueden ser comunes: de tipo asistenciales y apuntan a fortalecer el grupo familiar -escolarizar al niño, extenderle ayuda psicológica y psiquiátrica, articular la atención en salud para una contención integral- o excepcionales: se asumen una vez que se agotaron las primeras y consisten en el alojamiento transitorio, durante tres meses prorrogable por un trimestre más, en las residencias.
PROGRAMAS. Actualmente, el Copnaf tiene en marcha programas de promoción de derechos, “para no trabajar solamente en la crisis sino en la promoción de los derechos”, destacó Fernández.
Para ello funciona un programa como “Deportes para todos”, en el que profesores de Educación Física trabajan con los chicos que están alojados en residencias y desarrollan actividades en clubes con los que se rubricaron convenios. En el caso de Paraná, muchos de ellos asisten diariamente al Club Echagüe para hacer natación, básquet y otras disciplinas. También, “Crearte”, que tiene por meta acercarlos a la pintura y el teatro.
En tanto, el programa “Jóvenes protagonistas” apunta a chicos de entre 16 y 18 años, con quienes se trabaja, fundamentalmente, para la integración entre ellos, en talleres de teatro y oficios.
Otro programa es el de “Primera infancia”, destinado a pequeños de cero a cinco años, con los que trabajan en la estimulación temprana, con apoyo escolar.
Por medio del programa de “Fortalecimiento familiar” otorgan ayuda económica a familias que están en una situación de vulnerabilidad, que no tienen posibilidades de trabajar o escasos recursos.
Además se ocupan de que los niños que no están escolarizados asistan a la escuela, y los que aún no están identificados puedan acceder a su DNI.
Descentralizar
El Copnaf trabaja en forma descentralizada, con 12 coordinaciones departamentales, que recogen información e intervienen en el abordaje directo.
La misma Ley establece que deben trabajar de esta manera, a partir de la conformación de las Áreas de Niñez en los municipios y juntas de gobierno, más las organizaciones no gubernamentales que tienen convenio con el organismo y también atienden en forma directa la problemática de la niñez.
“Trabajamos puntualmente sobre niños y adolescentes hasta los 18 años y sus problemas con el grupo familiar; todo lo atinente a los derechos vulnerados dentro de una familia implica de nuestro abordaje integral”, puntualizó el Director General del Copnaf.
La Ley provincial Nº 9.861, de Protección Integral de los Derechos del Niño, el Adolescente y la Familia, se sancionó el 15 de septiembre de 2008.
Su objetivo principal es garantizar el goce y el efectivo ejercicio de los derechos y garantías que les son reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Se advierte que subsanar los problemas acarreados por el paradigma de la ley anterior, sumado a la burocracia y la falta de trabajo interinstitucional, hace que los sucesos desgraciados se vuelvan más desgraciados.
“A los efectos de la protección integral que procura esta Ley y sin perjuicio de lo establecido en la legislación civil, laboral o previsional, se considera niño todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de edad y a su respecto los términos niña/niño/adolescente se utilizan con idéntico sentido. Ello no obstante, las particularidades propias de cada etapa del desarrollo infanto – juvenil deben ser tenidas concretamente en cuenta para la determinación del contenido específico de sus derechos, en toda intervención o medida que se adopte y especialmente a fin de que el niño, en consonancia con la evolución de sus facultades y con la orientación y asistencia de sus padres o responsables, pueda ejercer por sí los derechos que se le reconocen.
Delitos
En los casos donde los involucrados son niños que tienen conflicto por delitos penales, el Copnaf hace un primer diagnóstico que luego eleva a un juez que debe resolver el caso; instancia ante la que puede resolver que el joven se reinserte en la comunidad, porque no es punible, o bien se lo derive a las residencia que la dependencia provincial tiene en Victoria y en Concordia, donde contienen a los jóvenes con problemas penales.
En caso de que padezcan problemas de abuso sexual o violencia familiar, el Copnaf interviene cuando llega la denuncia al Juzgado de Familia o el Defensor de Pobres y Menores libra un oficio para que tomen intervención.
FUENTE: EL DIARIO – Periodista: Paola Ponroy
